Organizaciones de DDHH denuncian recortes al Plan de Búsqueda y eliminación de fondos de inversión para sitios de memoria

Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares y sitios de memoria denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla reducciones que afectarían la búsqueda de víctimas y la preservación de recintos vinculados a la memoria.

En un comunicado fechado este miércoles, los firmantes calificaron la propuesta como una “asfixia presupuestaria” del Plan Nacional de Búsqueda y alertaron sobre la eliminación de los recursos de inversión del Programa de Sitios de Memoria.

Según su análisis, los fondos destinados a diligencias de búsqueda y peritajes forenses disminuirían 27,71% en términos reales, considerando el IPC. En paralelo, el financiamiento conjunto del Programa de Sitios de Memoria y la glosa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) caería 36,74% real.

Menos recursos para diligencias y pericias

El documento compara el presupuesto base de 2026 con la propuesta para 2027 y señala que los recursos consolidados para diligencias y peritajes del Plan Nacional de Búsqueda pasarían de $1.526.172.000 a $1.134.890.000, una diferencia nominal de $391.282.000.

Dentro de ese total, la asignación del Programa de Derechos Humanos destinada al plan bajaría de $1.036.658.000 a $843.876.000, equivalente a una reducción real de 20,88%, según los cálculos presentados.

La partida del Servicio Médico Legal para pericias forenses disminuiría de $489.514.000 a $291.014.000, con una caída real de 42,21%.

Las organizaciones sostienen que estos ajustes ralentizarían las tareas de prospección, levantamiento de testimonios, investigación en terreno y análisis forense necesarias para avanzar en la búsqueda.

El comunicado recuerda que durante 2026 ya se aplicaron dos recortes al Programa de Derechos Humanos, mediante los decretos 135 y 332, que sumaron $91.294.000. Esa reducción representó un 8,8% del presupuesto original de los recursos del programa destinados al plan.

Eliminación de inversión para sitios de memoria

Otra de las principales alertas se refiere al presupuesto ordinario exclusivo del Programa de Sitios de Memoria, que, según el documento, pasaría de $1.688.953.000 a $683.075.000 en 2027. Los firmantes calculan una disminución real agregada de 60,69%.

La propuesta eliminaría por completo el componente de inversión patrimonial, cuyo presupuesto base de 2026 ascendía a $505.426.000. Estos recursos estaban destinados a proyectos de inversión, rescate arqueológico y estabilización de infraestructura.

Al sumar el financiamiento directo mediante la glosa de Serpat, el total para estos recintos bajaría de $2.887.547.000 a $1.879.195.000, una diferencia nominal de $1.008.352.000.

Los firmantes también denuncian que los recortes aplicados este año dejaron sin financiamiento estatal a ocho sitios y entidades, entre ellos la ex Clínica Santa Lucía, Cerro Chena, José Domingo Cañas, Venda Sexy, FASIC y el Sitio de Memoria de Mulchén.

Incertidumbre por digitalización de causas y actividades de familiares

El comunicado cuestiona además la eliminación de la Glosa N.º 03 del Poder Judicial, que resguardaba recursos por $384.637.000 para el programa de Búsqueda y Digitalización de Causas de Derechos Humanos y exigía informes trimestrales a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

El propio documento precisa que la comparación presupuestaria no permite identificar claramente una reducción equivalente a ese monto. Su preocupación se concentra en la incertidumbre sobre la continuidad del proyecto y en la pérdida del mecanismo de rendición de cuentas.

Asimismo, los firmantes piden aclarar cómo se financiarán las conmemoraciones y encuentros nacionales de agrupaciones de familiares, ante la eliminación del subtítulo de transferencias corrientes del Programa de Derechos Humanos.

Respecto de la nueva presentación presupuestaria del programa, que tendría una asignación de $3.604.644.000, las organizaciones sostienen que corresponde a una reorganización contable y no a un aumento real de recursos.

Piden resolver 63 solicitudes de protección pendientes

La declaración también advierte que existen 63 solicitudes de declaratoria o ampliación de protección de sitios de memoria pendientes desde marzo de 2026.

Según los firmantes, la demora está relacionada con la falta de respuesta de organismos estatales que deben aportar antecedentes a los expedientes. Añaden que la protección jurídica es necesaria para acceder a fondos públicos.

Las organizaciones solicitan al Congreso exigir la reposición de recursos para pericias forenses e inversión patrimonial, ajustados por IPC, y pedir explicaciones al Ejecutivo sobre la continuidad de la digitalización de causas.

También emplazan a la Subsecretaría de Derechos Humanos a precisar el financiamiento de las actividades de familiares y al Consejo de Monumentos Nacionales a priorizar las solicitudes pendientes.

El comunicado es suscrito por organizaciones y representantes de derechos humanos, agrupaciones de familiares y federaciones estudiantiles. También adhieren la Red Nacional de Sitios de Memoria y la Coordinadora de Sitios de Memoria.